Evitar sanciones legales relacionadas con el control de alérgenos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en España es fundamental para cualquier establecimiento del sector alimentario. La correcta gestión de alérgenos no solo protege la salud de los consumidores, sino que también evita posibles sanciones económicas y daños a la reputación de la empresa.
La legislación española y europea establece un marco regulatorio riguroso para la información alimentaria, siendo el Real Decreto 126/2015 y el Reglamento (UE) 1169/2011 las principales normativas que regulan esta materia.
El Real Decreto 126/2015 regula la información alimentaria facilitada a los consumidores en España, estableciendo las obligaciones de los operadores económicos en relación con la información sobre ingredientes, alérgenos, valores nutricionales y otras características relevantes del producto. Este decreto busca garantizar que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y seguras respecto a los alimentos que adquieren y consumen.
Por su parte, el Reglamento (UE) 1169/2011 establece las normas armonizadas para la información alimentaria facilitada a los consumidores en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Entre sus principales requisitos se encuentra la obligación de indicar claramente los ingredientes y los alérgenos en los alimentos preenvasados y no preenvasados, así como proporcionar información precisa y comprensible en las etiquetas, menús y otros canales de comunicación utilizados por los establecimientos alimentarios.
Para cumplir con estas normativas y evitar sanciones, es fundamental implementar un sistema efectivo de control de alérgenos que incluya:
1. Identificación y clasificación de todos los ingredientes y componentes que puedan contener alérgenos.
2. Formación del personal en la manipulación y prevención de la contaminación cruzada.
3. Actualización constante de la información en las etiquetas y menús, asegurando que reflejen con precisión los ingredientes y posibles alérgenos.
4. Establecimiento de procedimientos documentados para la gestión de alérgenos, incluyendo controles de proveedores y registros de control interno.
5. Comunicación clara y visible sobre los alérgenos presentes en los productos, tanto en etiquetas como en la atención al cliente.
El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones económicas, cierre temporal o definitivo del establecimiento, y daños irreparables a la reputación de la empresa. Además, en casos de incidentes por alergias alimentarias, la responsabilidad puede derivar en procedimientos judiciales y responsabilidades legales.
En conclusión, adoptar medidas proactivas para el control de alérgenos y cumplir con la normativa vigente no solo garantiza la seguridad del consumidor, sino que también protege a la empresa de posibles sanciones y problemas legales. Es recomendable consultar con expertos en regulación alimentaria y realizar auditorías periódicas para asegurar que todas las prácticas cumplen con lo establecido en el Real Decreto 126/2015 y el Reglamento (UE) 1169/2011.
